Descripción
La violencia que enfrentan los migrantes centroamericanos que utilizan las planicies del Golfo de México para llegar a Estados Unidos surge de una situación histórica y geográfica peculiar. En esos territorios el Estado mexicano ha visto cómo algunas de sus instituciones de seguridad pública han sido capturadas por el crimen, generando riesgos a la seguridad nacional y la seguridad humana.
En las últimas dos décadas (1995-2015), los gobiernos de Estados Unidos y México han negociado y ejecutado políticas migratorias y de seguridad fronteriza cuyo impacto en las rutas de tránsito de los migrantes ha sido desafortunada, pues, como veremos, han propiciado condiciones que los hacen vulnerables a múltiples formas de delincuencia. Las violaciones a los derechos humanos y la impunidad del crimen organizado proliferan ahí donde los dispositivos migratorios hacen del migrante un “ilegal”. Revertir esta situación exige replantear la gubernamentalidad del flujo migratorio, lo que implica dotar de derechos a los migrantes y diseñar políticas dirigidas a modificar los contextos de origen y tránsito que ponen en riesgo su movilidad.
